Amigo lector, hablar de educación es referirse a la adquisición de conocimientos pero también a un derecho fundamental. En el primer concepto, la educación atraviesa hoy en España por una situación de emergencia. Por de pronto, es prioritario reducir los altos índices de fracaso escolar que presenta nuestro sistema educativo. De lo contrario, las consecuencias serán fatales pues con alumnos mal formados se resentirá el nivel académico de nuestros universitarios y la calidad de nuestros profesionales e investigadores no será la mejor posible sumiendo a España en la incertidumbre cuando no en la languidez.
La educación como derecho fundamental presenta asimismo un panorama nacional baldío. No existe una libertad real y efectiva en la elección por los padres del centro escolar al que desean llevar a sus hijos; también, las Administraciones públicas debieran facilitar a la sociedad civil el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes. Estamos, pues, ante derechos ayunos de garantía y respeto en la sociedad española.
El primer deber de la unidad familiar es la educación de sus miembros. La primera tarea de un legislador ha de ser garantizar las libertades de los ciudadanos en materia educativa. Más en estos tiempos de decaimiento moral y de dificultades económicas. En las modernas sociedades democráticas, satisfechas las necesidades básicas del ciudadano, la educación es una cuestión crucial para todas las generaciones. Lo es para el óptimo desarrollo individual de cada hombre. Lo es, por tanto, para el porvenir de toda la sociedad.